Por Héctor Guillermo Vidal Albarracín.
I.. Preliminar
II. Generalidades
III. Crítica desde la dogmática
penal
IV. Mirada hacia el futuro
I. Preliminar.-
El
enfoque se limitará a la óptica del despachante de aduana, por lo que
predominará lo práctico sobre lo técnico jurídico, que se explicará en un punto
III específico de Dogmática Penal.
La
ley 27799 no toca directamente el Código Aduanero ni define los delitos
aduaneros, pero si cambia el escenario de riesgo penal tributario que rodea a
muchas operaciones de comercio exterior. Para un despachante, el mensaje
práctico es: sube el piso para que una maniobra sea delito tributario y se
refuerza la idea de que primero se discuta en la vía administrativa/fiscal y
recién después se penalice.
II. Generalidades.-
Es la llamada ley de
inocencia fiscal, que modifica el Régimen Penal Tributario (Título IX de la
Ley 27.430). No es una ley aduanera, pero pega de costado en operaciones que
mezclan impuestos internos, IVA, Ganancias, etc. vinculados a importación o
exportación.?
Se complementa con el Decreto 933/2025 y con cambios de AFIP en montos y
procedimientos, lo que genera un nuevo mapa de cuándo una irregularidad pasa de
ser problema administrativo/tributario a causa penal.
Novedad 1:
suben muchísimo los montos para que haya delito:
Se actualizan de forma muy fuerte los montos mínimos de evasión para que
exista delito penal tributario (por ejemplo, la evasión simple pasa a arrancar
en $100.000.000 por impuesto y por año y la agravada en cifras aún mayores).
En la práctica: muchas diferencias que antes podían terminar en una
denuncia penal hoy quedan debajo del radar penal y se resuelven como ajustes,
multas y recargos en sede administrativa o contencioso-tributaria.
Para
el Despachante de Aduana:
Menos riesgo de que un error o un criterio discutible en tributos
internos asociados a la operación se penalice penalmente, siempre que no se
hable de maniobras millonarias en serio.
Más espacio para discutir técnica y documentalmente con AFIP sin que
cada diferencia termine con amenaza de penal tributario.
Novedad 2: más peso a la instancia administrativa antes del penal.
La ley refuerza la lógica de que primero se discutan y determinen bien
los impuestos en sede administrativa (determinación de oficio, fiscalizaciones,
impugnaciones) y que recién después se alimente la pata penal.
Se enfatiza que si el contribuyente regulariza (paga, corrige, se acoge
a planes) antes de ciertos hitos, puede evitar o morigerar la persecución
penal.
Para el Despachante de Aduana:
Cobra más importancia documentar todo: origen de la mercadería, valores,
clasificación, beneficiarios reales, instrucciones del cliente, etc., porque
esa prueba es la que se usa primero ante AFIP y puede desactivar una derivación
penal.
Conviene jugar de local en la etapa administrativa: responder bien los
requerimientos, no dejar vencer plazos, acompañar papeles claros desde el
minuto uno.
Novedad 3:
cambio de clima punitivo (no todo es delito).
La ley se presenta oficialmente como un cambio de paradigma a favor del
ciudadano: se reconoce que el sistema anterior había quedado
sobredimensionado, con delitos por montos bajos que cargaban la justicia penal
sin mejorar la recaudación. La lógica que se
instala es: la herramienta principal para cobrar impuestos es la gestión y el
procedimiento fiscal; el derecho penal queda para los casos grandes, repetidos
o claramente fraudulentos. ?
Para el Despachante de Aduana:
El foco ya no está en criminalizar cualquier diferencia, sino en ir
detrás de las maniobras serias. Esto no elimina el riesgo penal aduanero (que
sigue en el Código Aduanero), pero baja presión en el frente tributario común
ligado a las operaciones.
El despachante serio, que trabaja con respaldo documental y advierte por
escrito a su cliente cuando ve un riesgo, se diferencia más claramente del
operador que arma estructuras para evadir a gran escala.
Qué NO cambia para aduana (y por qué igual
importa): La Ley 27.799 no modifica artículos del Código
Aduanero ni redefine delitos como contrabando, declaraciones inexactas, etc.:
esa parte del penal aduanero puro queda igual.
Sin embargo, muchas causas de comercio exterior combinan dos mundos:
delitos o infracciones aduaneras y, al mismo tiempo, delitos tributarios (IVA,
Ganancias, percepciones, etc.). Ahí es donde el nuevo Régimen Penal Tributario
entra en juego y puede hacer que una misma maniobra tenga una pata penal más o
menos pesada.
Para el Despachante de Aduana, en concreto:
Seguir cuidando todo lo clásico del Código Aduanero: valor,
clasificación, origen, destino, autorizaciones, prohibiciones. Eso no se
alivianó.
Entender que, si el cliente juega al borde con la parte impositiva,
hoy el sistema tiende más a ajustar y cobrar que a mandar todo al fuero penal,
pero en maniobras grandes o dolosas la combinación aduanero + penal tributario
sigue siendo muy grave.
Ejemplos típicos:
1.
Importación con ajustes de valor (caso ya no da para penal)
Imaginemos una pyme que importa insumos para fabricar muebles.
Situación típica:
Declara la mercadería con cierto valor FOB.
En una verificación posterior, AFIP-Aduana entiende que el valor es bajo
(por comparación con operaciones similares) y ajusta al alza.
La diferencia genera más derechos de importación, más IVA e impuestos
internos.
Antes de la Ley 27.799:
Con montos relativamente modestos, la combinación de diferencias en IVA,
Ganancias, etc. podía pisar umbrales del Régimen Penal Tributario.
Aunque no hubiera una maniobra dolosa clara, no era raro que se evaluara
enviar el caso a penal, generando una amenaza adicional para el importador y,
por arrastre, para los intervinientes.
Después de la Ley 27.799:
Como los montos mínimos de evasión para que exista delito subieron
muchísimo, gran parte de estos ajustes de valor se queda en el plano
administrativo: determinación de oficio, discusión técnica, planes de pago.
Solo si la subfacturación es masiva o sistemática (muchos despachos,
cifras muy altas) se vuelve razonable hablar de penal tributario.
Qué
cambia para el Despachante de Aduana:
Un error razonable en la valoración, o una discusión técnica,
difícilmente llegue hoy al plano penal tributario si los montos no son enormes.
Sigue siendo clave dejar por escrito la base de valoración (listas de
precios, ofertas, contratos) para mostrar que no hubo intención de engañar.
2. Exportación con reintegros y créditos fiscales (caso ojo con la maniobra grande)
Ahora pensemos en una empresa que exporta alimentos y pide reintegros y,
además, usa créditos de IVA.
Situación típica: Declara exportaciones a un valor elevado, que
justifican reintegros y uso de créditos fiscales. Luego se detecta que parte de
esas exportaciones eran ficticias o que la mercadería nunca salió realmente
(clásico caso de maniobras con documentación armada).
Con la Ley 27.799:
La ley protege más al contribuyente de penalización fácil en montos
chicos, pero no ampara maniobras grandes y claramente fraudulentas.
Si los montos de reintegros indebidos o créditos fiscales son muy altos,
se supera igual el nuevo piso del delito tributario.
Qué cambia para el Despachante de Aduana:
Si el cliente intenta usar el despacho para inflar valores, simular
exportaciones o forzar reintegros, el riesgo penal sigue totalmente vigente
(aduanero + tributario).
La ley aligera el riesgo para el error, no para el fraude: si el
despachante firma operaciones que no verificó mínimamente, se expone igual.
Debe documentar visitas a depósitos, registros de carga, comunicaciones en las
que pide aclaraciones al cliente, etc.
3. Importador con problemas de IVA y Ganancias (caso contribuyente en problemas pero no
necesariamente delincuente)
Otro ejemplo: una empresa importa regularmente, declara bien en aduana,
pero tiene atrasos o errores en IVA y Ganancias.
Situación típica: En aduana, los despachos están bien: clasificación,
valores, origen.
En lo interno, la empresa posterga pagos de IVA, no presenta todas las
declaraciones, o las presenta mal. AFIP fiscaliza y ajusta fuertemente esos
impuestos.
Con el nuevo Régimen Penal Tributario:
El aumento de umbrales penales hace que muchos casos de incumplimiento,
aun con montos importantes pero no gigantes, se queden en la vía de ajustes,
multas y planes, sin llegar automáticamente al penal. ? La política
oficial apunta más a recaudar y ordenar que a criminalizar al contribuyente
desprolijo.
Qué cambia para el Despachante de Aduana:
Si el problema del cliente es tributario interno (no aduanero) y no
llega a montos enormes, se reduce el riesgo de que un expediente de AFIP por
IVA o Ganancias termine arrastrando un frente penal que enturbie también las
operaciones de comercio exterior. De todos modos, si el cliente acumula grandes
sumas impagas y sigue operando, conviene que el despachante documente
advertencias por escrito, para marcar que su rol se limita a la gestión
aduanera y no a las decisiones fiscales internas del importador/exportador.
4. Operaciones de borderline en clasificación arancelaria
Un clásico de la práctica diaria: dudas sobre la clasificación
arancelaria.
Situación típica: La mercadería puede entrar en dos posiciones
posibles. Una tiene arancel más bajo y el cliente presiona para usarla. AFIP
luego sostiene que correspondía la otra posición, con mayor carga tributaria, y
liquida diferencias de derechos e impuestos.
Antes y ahora:
El núcleo aduanero (infracciones, posibles supuestos de contrabando) no
cambia con la Ley 27.799: el Código Aduanero sigue igual. Lo que sí cambia es que, aun cuando la diferencia en
tributos sea relevante, la vía penal tributaria se reserva más para casos de
montos enormes o conductas claramente dolosas (por ejemplo, una empresa que
repite la clasificación errónea sabiendo que hay dictámenes en contra).
Qué cambia para el Despachante de Aduana:
Se refuerza la idea de trabajar con criterios técnicos (opiniones de
clasificación, consultas previas, antecedentes) y dejar constancia de las
dudas. Una discusión de clasificación bien fundada tiende a quedar en el
terreno técnico/económico; solo la maniobra repetida, a gran escala y contra
dictámenes claros debería preocupar seriamente en clave penal tributaria.
5. Exportador con atraso en liquidación y temas cambiarios
Por último, un caso donde se mezcla Aduana, impuestos y divisas:
Situación típica: El exportador cumple con sus despachos, pero demora o
incumple la obligación de ingresar y liquidar divisas. Esto suele atraer
controles del BCRA y de AFIP, y a veces se investiga también el frente
tributario (IVA, Ganancias).
Con la nueva ley penal tributaria:
El componente estrictamente tributario (si hubo o no evasión de
impuestos internos) se mira con la lupa de los nuevos umbrales. Si no hay gran
evasión fiscal, el problema puede quedar centrado en la normativa cambiaria y
no necesariamente en el Régimen Penal Tributario.
Qué cambia para el Despachante de Aduana:
El riesgo principal no pasa por el despachante sino por el cliente que
no liquida divisas, pero conviene que el despachante conserve copia de toda la
documentación de exportación y comunicaciones, para demostrar que su rol
terminó en la operación aduanera. La inflación de montos penales en materia
tributaria no es un escudo frente a infracciones cambiarias o aduaneras, pero
ayuda a separar mejor los temas: una cosa es la aduana y el BCRA, otra el penal
tributario.
III. Crítica desde la dogmática penal.-
Al subir tanto los montos, el Régimen Penal Tributario queda en la estratosfera respecto del resto del sistema
penal económico, ya que resulta muy bajo
el umbral del contrabando. En consecuencia, desde la dogmática penal los bienes jurídicos: evasión (recaudación) y
contrabando (control aduanero), quedan desbalanceados.
a). Principio de lesividad y bien jurídico
Desde la teoría del delito, la intervención penal se justifica cuando
hay una lesión o peligro relevante al bien jurídico protegido. Si se acepta que
el bien jurídico en juego en el penal tributario es la recaudación y el
financiamiento del Estado, no parece dogmáticamente coherente que recién haya
delito a partir de $100.000.000 de impuesto evadido, mientras que en
contrabando una operación de $501.000 ya habilita pena de prisión.
La consecuencia es que se envía el mensaje de que montos muy
significativos (pero menores a esos 9 ceros) no merecen reproche penal
tributario, aunque pueden ser cuantiosos en términos de capacidad contributiva
y de afectación de la competencia leal. De tal manera se desdibuja el criterio material
de lesividad y se introduce un criterio puramente políticoeconómico
(descongestionar tribunales, no molestar al contribuyente medio) que colisiona
con la teoría general del delito.
b. Igualdad y proporcionalidad frente a otros delitos
El derecho penal exige proporcionalidad entre gravedad del hecho y
reacción estatal.
La distancia entre los montos del penal tributario y los del contrabando
genera un tratamiento desigual de conductas que, en esencia, afectan recursos
fiscales y control del comercio.
Puede haber ahora evasiones de decenas de millones que no alcanzan el
umbral penal tributario, mientras que un contrabando relativamente modesto sí
es delito con amenaza de prisión efectiva.
c. Función preventiva (general y especial).
La dogmática moderna admite cierta función preventiva del derecho penal,
pero subordinada a principios de culpabilidad y lesividad. Al llevar los pisos
tan alto, la sanción penal se vuelve un fantasma remoto para la mayoría de
los contribuyentes y operadores, lo que debilita la prevención general positiva
(la idea de que la norma vale y se toma en serio).
Desde la prevención especial, deja sin herramienta penal a un segmento
de evasiones relevantes, donde tal vez una reacción penal proporcionada tendría
sentido para cortar prácticas reiteradas o muy dañinas en términos de
competencia desleal.
Se corre el riesgo de que el
penal tributario pase a ser un régimen simbólico, reservado solo para casos
escandalosos.
d) Culpabilidad y selección de autores
La dogmática penal considera que el reproche penal es individual y se
basa en la culpabilidad. De tal manera al elevar tanto los pisos, en la
práctica se reserva el derecho penal a grandes estructuras empresarias o
maniobras de altísimo volumen, mientras que se excluye de hecho a quienes, con
menor escala, realizan conductas subjetivamente igual de reprochables (dolo,
planificación, simulación), pero sin llegar a cifras de nueve ceros.
La selección del autor típico se vuelve fuertemente económica: el
pequeño o mediano evasor doloso queda fuera del radar penal, no por falta de
culpabilidad, sino por falta de volumen. Esta selección por
capacidad económica tensiona el principio de igualdad ante la ley y agrega un
componente clasista de hecho al sistema penal económico.
e). Desconexión entre el espíritu aduanero y el penal tributario
En el ámbito aduanero, se ha insistido en que la ley penal debe estar
alineada con la dinámica real del comercio exterior, evitando superposición
entre infracciones y delitos.?Antes, la cercanía
de los umbrales permitía, al menos en teoría, leer penal aduanero y penal
tributario como parte de un mismo sistema de tutela de bienes económicos del
Estado.
Hoy, con umbrales tan divergentes, el penal tributario se escapa del
ecosistema aduanero: la dogmática que se va construyendo en torno al comercio
exterior queda limitada al Código Aduanero, mientras que el penal tributario
gira en una órbita distinta, más ligada a decisiones macro de política fiscal.
Se pierde coherencia sistémica;
el espíritu de la protección penal del comercio exterior y de la recaudación
asociada queda fracturado, dificultando una construcción dogmática unitaria del
derecho penal económico estatal.
En conclusión, desde la dogmática penal la crítica no es simplemente se
subieron mucho los montos, sino que se ha alterado la relación entre
lesividad, proporcionalidad, prevención y culpabilidad, generando un sistema
donde el azar del monto (inflacionario y de escala empresarial) pesa más que la
calidad del injusto y la culpabilidad del autor.
IV. Mirada hacia el futuro.-
Hay
que tener presente que se ha elaborado un Proyecto de reforma del Código Penal con
trámite parlamentario, qué también contempla la evasión y que incluye a los
delitos aduaneros?
Lo más probable es que el Proyecto de reforma del Código Penal tenga que
reacomodarse para no contradecir la nueva Ley 27.799 y para no duplicar
regulaciones sobre evasión y delitos aduaneros. Habría un riesgo claro de
superposición y de desorden sistemático si se avanza sin ajustar ese proyecto a
la realidad normativa nueva.
1. Choque entre proyecto y Ley 27.799
El proyecto del nuevo Código Penal ya preveía figuras de evasión y
delitos económicos complejos, incluyendo evasión tributaria organizada y contrabando
agravado.? La Ley 27.799, al modificar fuertemente los montos y el
diseño del Régimen Penal Tributario fuera del Código Penal, cambia las
coordenadas: si el Código Penal insiste en regular evasión con criterios
distintos, se genera un sistema doble y contradictorio.
El Congreso tendría que decidir si:
a) absorbe la Ley 27.799 dentro del nuevo Código Penal (armonizando
montos y conceptos), o
b) acota el proyecto y deja la evasión fuera del Código, manteniéndola
como ley especial.
2. Delitos aduaneros dentro o fuera del Código Penal
Los borradores y debates de reforma apuntan a incorporar delitos
aduaneros (especialmente contrabando y formas agravadas) dentro del Código
Penal, para unificar el derecho penal económico.? En paralelo,
existen proyectos específicos para actualizar montos y sistemas de cálculo de
los delitos aduaneros dentro del propio Código Aduanero, buscando salir del
esquema de montos fijos (como el del contrabando menor).
Si se suben delitos aduaneros al Código Penal con un diseño distinto
al del Código Aduanero, se corre el riesgo de desarmar la coherencia del
sistema aduanero, que tiene su propia lógica (valor aforo, dinámica de comercio
exterior, infracciones vs. delitos).
La dogmática aduanera viene reclamando justamente lo contrario:
clarificar y ordenar dentro del Código Aduanero, evitando superposiciones.
3. Escenarios posibles para el futuro
Escenario 1: el proyecto se ajusta a la Ley 27.799.
El nuevo Código Penal recoge la lógica de altos umbrales para evasión y
de actualización automática de montos, y se coordina con el Régimen Penal
Tributario y con las reformas proyectadas a los delitos aduaneros
Ventaja: sistema más coherente; el despachante sabe que hay un solo
mapa penal económico armonizado.
Escenario 2: el proyecto mantiene su propio esquema de evasión y contrabando.
Se crea un doble piso: uno en la Ley 27.799 y otro en el Código Penal
reformado, con competencia y aplicación confusa.
Riesgo: inseguridad jurídica, márgenes amplios de discrecionalidad para
acusar por una norma u otra, y más litigios sobre concursos aparentes de leyes.
Escenario 3: se decide dejar evasión y delitos aduaneros como leyes especiales.
El nuevo Código Penal se concentra en delitos generales y deja el
detalle de penal tributario y penal aduanero en leyes específicas (como hoy),
pero actualizadas.
Podría ser una salida razonable, siempre que se armonicen bien los
montos y se ordene la relación entre Código Penal y leyes especiales.
4. Qué implica todo esto para el Despachante de Aduana?
A corto plazo: nada cambia hasta que el proyecto se apruebe; rigen el
Código Aduanero vigente y la Ley 27.799
A mediano plazo: el gran desafío será que la reforma del Código Penal no
rompa el ecosistema que vos ya conoces: delitos aduaneros en el Código
Aduanero, con su lógica propia, y penal tributario alto en montos.
Desde una perspectiva técnicocrítica, lo más deseable es que cualquier
nuevo Código Penal: Respete el espíritu aduanero (finalidad, dinámica y
técnica del comercio exterior) y no saque los delitos aduaneros de su contexto
natural.? Coordine expresamente con la Ley 27.799 para evitar que
la evasión termine regulada en dos lados con montos, conceptos y consecuencias
distintos.
De tal manera, se debe estar atento a que puede pasar con la reforma al
Código Penal, para ver cómo queda el panorama penal económico.